En 2021, Banco Santander y Telefónica despidieron a 467 empleados fruto de denuncias realizadas por sus propios compañeros a través de “los canales internos” que han puesto en marcha ambas entidades en los últimos años para hacer frente a malas conductas internas.[1] Y esto es sólo lo que llega a prensa…
¿Qué son los “canales internos”?
Los canales internos o de denuncia son una herramienta de lucha contra las infracciones e incumplimientos legales o éticos que en los últimos años se han ido incrementando su número e importancia. Seguramente en España este hecho ha venido propiciado por el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado que, en su ya famosa Circular 1/2016 se ha manifestado, literalmente, en los siguientes términos: “La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de los modelos de prevención.”
A través del canal de denuncias, las empresas pueden conocer, investigar posibles infracciones o incumplimientos que hayan ocurrido en su seno, y en su caso sancionar y tomar medidas como lo han hecho Banco Santander y Telefónica por los hechos citados en la noticia referenciada.
¿Por qué aparecen y se fomenta que las empresas dispongan de canales de denuncia?
Como hemos señalado, el auge de que durante los últimos años muchas empresas se hayan dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares es fruto de que el canal es considerado como un elemento fundamental de los llamados “modelos de prevención de delitos”[2] que operan dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica, vigente en España desde el año 2010.
Han sido cuestiones de orden práctico las que han llevado al legislador español, al igual que ha sucedido en otros muchos países, a establecer sistemas de autocontrol de delitos en el ámbito empresarial.
Así pues, se tiene el convencimiento de que las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en ese contexto.
Otro factor determinante es la limitación de medios y recursos materiales y humanos del propio estado para poder conocer de aquellas conductas irregulares que deban ser perseguidas y penalizadas.
Se trata pues de establecer mecanismos, herramientas que, como es el caso del canal de denuncias, desincentiven al infractor, de cometer ilegalidades o de incumplir el código ético de la organización de la cual forma parte, mitigando así los riesgos asociados a conductas susceptibles de comprometer la responsabilidad de la persona jurídica. En una empresa “debidamente organizada” se reducirá significativamente el riesgo de comisión de delitos, lo cual favorecerá combatir adecuadamente situaciones de competencia desleal obteniendo como resultado la mejora de las condiciones de libre concurrencia y competencia entre empresas.
Otro hecho que destaca la importancia del canal de denuncias es la estrecha relación que existe entre éstos en el ordenamiento jurídico mercantil y penal. El primero establece la consideración de que la sociedad ha de estar “debidamente organizada”, concretamente con las obligaciones que la vigente legislación mercantil impone a los administradores sociales cuando les exige, entre otras que “los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad”[3]; por otra parte, el ordenamiento jurídico penal el artículo 31 bis del Código Penal cuando les hace directamente responsables de implementar y mantener “modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”
Tipos de gestión del canal de denuncias
El canal de denuncias pueden configurarse y gestionarse de forma interna, externa o mixta y están directamente relacionados con el cumplimiento de las obligaciones a las que se encuentre sujeta la empresa, las cuales pueden ser a su vez derivar del ordenamiento jurídico o incluir aquellas otras obligaciones que voluntariamente una empresa ha decidido obligarse, como por ejemplo, cumplir con un código de buenas prácticas sectorial[4].
La ya citada Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 se posiciona claramente a favor de la gestión externa y lo hace en los siguientes términos: “… los canales de denuncias, más utilizados y efectivos cuando son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad.”
Novedades relevantes en este ámbito
En primer lugar nos encontramos con la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión que debía haberse transpuesto antes del pasado 17 de diciembre de 2021.
La experiencia y estudios realizados hasta la fecha concluyen que las organizaciones toman conocimiento de gran parte de los incumplimientos que ocurren en su seno gracias a denuncias efectuadas por parte de las personas que las integran o que se vinculan con ellas; siendo determinante el cuándo y el cómo se toma conocimiento del incumplimiento para, de esta forma, poder reaccionar eficazmente contra todos sus efectos.
La Directiva garantiza la protección efectiva de los denunciantes cuando informen, entre otras, sobre infracciones en materia de contratación pública, productos financieros, mercado interior, prevención de blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, salud pública, bienestar animal, protección de los consumidores y privacidad. Es aplicable a los denunciantes que trabajen tanto en el sector privado o público y hayan obtenido información en un contexto laboral, incluyendo trabajadores, funcionarios, directivos, accionistas, voluntarios y trabajadores en prácticas.
Actualmente se ha publicado un Anteproyecto de Ley y se prevé su aprobación dentro del primer semestre de 2022.
La segunda es la Norma ISO 37002, Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades Directrices conocida como “whistleblowing management systems” que se publicó en pasado 26 de julio de 2021.
La Norma ISO 37002 proporciona orientación para que las organizaciones implanten un sistema de gestión de la denuncia de irregularidades basado en los principios de confianza, imparcialidad y protección. Es adaptable y su uso variará con el tamaño, la naturaleza, la complejidad y la jurisdicción de las actividades de la organización. Puede ayudar a una organización a mejorar su política y procedimientos de denuncia de irregularidades, existentes, o a cumplir con la legislación aplicable en materia de denuncia de irregularidades.
Su elaboración es otra muestra de que la comunicación y gestión de infracciones tiene una gran incidencia práctica en el ámbito del Compliance.
La denuncia de irregularidades es el acto de informar sobre sospechas de irregularidades o riesgo de irregularidades. Los estudios y la experiencia demuestran que una gran proporción de irregularidades llega al conocimiento de la organización afectada a través de la información que proporcionan personas de dentro de la organización o cercanas a la misma.
La ISO 37002 proporciona orientación a las organizaciones para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la denuncia de irregularidades, con los siguientes resultados:
- alentar y facilitar la denuncia de irregularidades;
- apoyar y proteger a los denunciantes y otras partes interesadas involucradas;
- asegurar que las denuncias de irregularidades se traten de manera adecuada y oportuna;
- mejorar la cultura organizacional y la gobernanza;
- reducir los riesgos de irregularidades.
¿Qué beneficios puede conllevar implementar un canal de denuncias siguiendo las directrices de la UNE 37002?
Desde permitir que la organización identifique y aborde las irregularidades lo antes posible, a asegurar el cumplimiento de las políticas y los procedimientos organizacionales y las obligaciones legales y sociales, atraer y retener al personal comprometido con los valores y la cultura de la organización, demostrar la aplicación de prácticas de gobernanza sólidas y éticas a la sociedad, los mercados, los reguladores, los propietarios y otras partes interesadas.
Y se estima que un sistema de gestión de la denuncia de irregularidades eficaz genere confianza organizacional al demostrar el compromiso de los líderes para prevenir y tratar las irregularidades, alentar a las personas a presentar denuncias de irregularidades de manera temprana, reducir y prevenir el trato perjudicial a los denunciantes y otras personas implicadas y fomentar una cultura de apertura, transparencia, integridad y de rendición de cuentas.
Todo ello refuerza la idea del cambio de paradigma, donde dar cumplimiento a las leyes se considera necesario, pero no suficiente. Se quiebra así la tendencia a guiarse por el tenor literal de las normas, esperándose conductas que vayan más allá de este mínimo, en lugar de ampararse en él para desarrollar comportamientos socialmente reprobables y que aunque no sean consideradas delito el día de hoy, muy probablemente lo serán en el corto plazo.
La Misión de Ethical Strategists es “ayudar a las organizaciones a construir y mantener un modelo de gobernanza basado en la ética, la responsabilidad y la sostenibilidad mediante la promoción de la cultura de integridad a través de sistemas de gestión de compliance eficaces que generen evidencias de cumplimiento.”
Si estás interesado en ampliar cualquier información relacionada con el contenido del presente artículo o de cualesquiera de nuestros servicios estaremos encantado de atenderle.
[1] https://okdiario.com/economia/telefonica-santander-despiden-467-empleados-2021-denuncias-companeros-8655690
[2] Regulados en el artículo 31 bis del Código Penal.
[3] Artículo 225.2º de la LSC.
[4] A título de ejemplo se puede citar el compromiso de cumplir alguno de los Objetivos de Desarrollo sostenible que configuran la Agenda 2030 de Naciones Unidas
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